Se trata de una regularización excepcional y con plazos muy definidos, pensada para
dar seguridad jurídica y evitar incertidumbres. Establece requisitos claros, siendo el
principal acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el
momento de la solicitud y haber residido en nuestro país antes del 31 de diciembre de
2025.

En las calles de nuestras ciudades y en el corazón de nuestras empresas conviven miles de personas que, a pesar de ser parte activa de la realidad cotidiana, permanecen en un limbo jurídico. Esta «invisibilidad administrativa» no solo precariza la vida del migrante, sino que debilita la cohesión de toda la sociedad. Sin embargo, el escenario está a punto de cambiar con el nuevo proceso de regularización extraordinaria. Este paso no es un mero trámite burocrático; es el resultado de un mandato democrático nacido de una iniciativa ciudadana respaldada por 700.000 firmas. El propósito de esta normativa es integrar a quienes ya forman parte de nosotros bajo un marco de plenos derechos.

La medida regulariza una realidad ya existente, con criterios razonables que aseguran el control del sistema y una integración efectiva. Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos para aprobar definitivamente el Real Decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

La autorización concedida habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, eliminando trabas administrativas tanto para la persona trabajadora como para el empleador.

La agilidad es la piedra angular de esta medida. Mientras que tradicionalmente la burocracia actuaba como un freno, ahora la mera admisión a trámite de la solicitud —que debe resolverse en un máximo de 15 días— permitirá a la persona incorporarse legalmente al mercado laboral. Aunque el plazo máximo para la resolución total del expediente se fija en tres meses, el impacto económico y social de permitir el empleo desde la quincena inicial es disruptivo.

El plan pone un énfasis especial en la protección de la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de edad.

Los adultos reciben una autorización inicial de un año, mientras que los menores obtienen un permiso de cinco años. Este enfoque es fundamental porque busca dotar de una estabilidad duradera a los más vulnerables, evitando el ciclo de renovaciones precarias y permitiendo que las familias echen raíces con seguridad jurídica.

Requisitos para la tramitación

Para acceder a este proceso, los solicitantes deben cumplir requisitos de permanencia claros: haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses al momento de la solicitud.

La gran novedad reside en la flexibilidad de los medios de prueba. Consciente de las dificultades de las personas en situación irregular para generar huellas oficiales, la administración aceptará tanto documentos públicos como privados, o una combinación de ambos. Sin embargo, esta flexibilidad convive con un rigor informativo absoluto en materia de seguridad: para que la solicitud sea viable, el solicitante no podrá contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Es un equilibrio necesario entre la acogida y la seguridad ciudadana.

Un detalle técnico crucial es que esta regularización extraordinaria sirve como puente. Tras el primer año de vigencia del permiso inicial, los trabajadores deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería. Esto garantiza que la medida no sea un parche temporal, sino una puerta de entrada ordenada al sistema legal común.

Esta regularización se hace para reconocer derechos, y desde ahí permitir una integración laboral plena, libre y digna. La medida permite regularizar la situación de miles de personas que ya forman parte de nuestras comunidades. Son vecinos y vecinas, y trabajadoras y trabajadores en sectores esenciales como el cuidado, la agricultura o la hostelería, que contribuyen diariamente a la vida económica y social de barrios y municipios.