En la era digital actual, los consumidores están más expuestos que nunca a estafas cibernéticas.
Estas amenazas han evolucionado y se han vuelto más sofisticadas, poniendo en peligro nuestros
ahorros y la confianza en los sistemas bancarios. Sin embargo, lo más preocupante es que, en
muchos casos, los bancos no están cumpliendo con su responsabilidad de proteger a los
consumidores y reembolsar las cantidades defraudadas.

El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes
en materia financiera (LSP), establece un régimen de responsabilidad cuasiobjetiva para los
proveedores de servicios de pago. Esto significa que los bancos están obligados a reintegrar a los
usuarios las cantidades de las operaciones no autorizadas ni consentidas tan pronto se notifique
el fraude. Sin embargo, algunos bancos se resisten a cumplir con esta obligación, dejando a los
consumidores en una situación de vulnerabilidad y desamparo.

La legislación es clara. El consentimiento es un requisito esencial para cualquier transacción. Si
no hay consentimiento por parte del consumidor, la operación no puede considerarse
autorizada. A pesar de ello, muchos consumidores afectados por estafas cibernéticas se
encuentran con la negativa de sus bancos a devolverles el dinero, alegando una supuesta falta de
pruebas o un supuesto error del usuario. Esta actitud es inaceptable y va en contra de la
protección que la LSP ofrece a los consumidores.

La jurisprudencia reciente respalda la responsabilidad de los bancos en estos casos.

La Sentencia núm. 81/2023 de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid establece que las entidades
bancarias son responsables de la utilización de los sistemas de pago digital en masa y deben
asegurar que las credenciales de seguridad de los usuarios no sean accesibles a terceros.
Además, los bancos pueden ser considerados responsables civiles subsidiarios en casos de
delitos cometidos en sus plataformas digitales si sus sistemas de seguridad no fueron suficientes
para prevenir el delito.

Es fundamental que los consumidores estén al tanto de sus derechos y exijan a los bancos el
cumplimiento de sus obligaciones. La LSP y el Código Penal son herramientas poderosas que
protegen al usuario final ante fallos de seguridad y garantizan la devolución de las cantidades
defraudadas. No debemos permitir que los bancos eludan su responsabilidad, dejando a los
consumidores a merced de las estafas cibernéticas.

En conclusión, es hora de que los bancos asuman su rol de garantes de la seguridad financiera y
reembolsen a los consumidores las cantidades defraudadas de manera inmediata. Solo así
podremos restaurar la confianza en el sistema bancario y proteger a los usuarios de las
crecientes amenazas cibernéticas.

Si te has visto afectado por una estafa y tu banco no responde, contacta con endefensadelconsumidor.es

Estamos aquí para ayudarte.